La falta de controles efectivos en las fronteras genera distorsiones que golpean a las estaciones de servicio formales y afectan la recaudación nacional.

Cruzar la frontera para adquirir combustible más barato se ha convertido en una práctica frecuente para muchos habitantes de comunidades cercanas a Panamá. Sin embargo, detrás de esta costumbre se esconde una amenaza creciente para la seguridad, la economía formal y la estabilidad del sector de combustibles.

En 2025, el contrabando y las distorsiones del mercado fronterizo siguen afectando a las estaciones de servicio legales, que operan bajo regulación estricta y con márgenes definidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). El ingreso constante de combustible no autorizado, transportado en condiciones inseguras y sin pago de impuestos, representa un golpe directo a la competitividad y a la sostenibilidad del empresariado formal.

Un riesgo que crece ante el debilitamiento del control fronterizo

Alban Muñoz, administrador de estaciones de servicio en Ciudad Neilly, Paso Canoas y Laurel, advierte que el problema se ha agudizado por la falta de presencia policial y aduanera en la frontera sur.

“Hemos solicitado en reiteradas ocasiones un mayor control, porque a diario se observa el ingreso de combustible que no ha pagado los debidos impuestos ni cumple las normas de seguridad”, explica.

La situación genera un entorno de competencia desigual: mientras las estaciones reguladas deben cumplir con estrictos estándares ambientales y de seguridad, el combustible de contrabando evade todo control técnico y tributario. Además, su traslado en recipientes no aptos pone en riesgo la vida de las personas y el ambiente.

Distorsiones que afectan a todo el país

Aunque el fenómeno se concentra en las zonas fronterizas, sus consecuencias trascienden lo local. La entrada de combustibles ilegales provoca pérdidas fiscales, debilita la cadena formal de distribución y desincentiva la inversión en nuevas estaciones o servicios.

Según reportes de autoridades centroamericanas, el contrabando de combustibles genera pérdidas millonarias y erosiona la confianza en los mecanismos regulatorios. En el caso de Costa Rica, los precios diferenciados con Panamá y la limitada capacidad de control han creado un mercado paralelo que opera al margen de la ley.

Estas distorsiones también impactan la percepción del consumidor, que puede verse tentado a optar por una opción “más barata”, sin conocer los riesgos reales ni las implicaciones económicas de esa decisión.

Un llamado a la responsabilidad y al respaldo al comercio formal

La Cámara de Empresarios del Combustible reitera su llamado a las autoridades para fortalecer los controles fronterizos, garantizar la equidad regulatoria y proteger la operación formal de las estaciones de servicio. La ley 9852 tiene como objeto sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, que sean propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo, así como la introducción ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, en el territorio nacional en cualquiera de sus formas, incluso la transportación de combustible ilegal puede llevar a condenas de prisión que van desde 3 a 5 años de prisión.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a ejercer un consumo responsable:

“Cada vez que se compra combustible fuera de los canales autorizados, se pone en riesgo la seguridad personal, la salud del vehículo y el bienestar de toda una comunidad y se expone a multas o prisión, pues ahora esto es un delito”

El compromiso de las gasolineras nacionales es claro: mantener un servicio seguro, regulado y transparente. Respaldar a las estaciones formales es también defender la economía nacional, el empleo y la seguridad energética del país.