Desde que entró en vigor la ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo, la cantidad de casos por robo de combustible son considerables y las sanciones por este delito son mínimas en los últimos 4 años. De acuerdo con información de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), de las 739 denuncias presentadas por robo de combustible, solo 37 resultaron en sentencias condenatorias, lo que representa un 5% del total de los casos.
Si bien es cierto que el comercio ilícito de los combustibles se presenta en todo el país, una de las zonas con mayor incidencia es la provincia de Limón, donde las autoridades han identificado perforaciones en los poliductos en los tramos que van por Moín, Siquirres, Turrialba y hasta Cartago.
Según lo expone Alberto Mora representante de Servicentro Las Palmitas, la zona de Limón tiene mucha incidencia delictiva y muy poco control policial, lo que genera un sentimiento de poco interés de las autoridades en abordar esta problemática. “A las estaciones de servicio de la zona el robo de combustible causa un daño incalculable, ya que al parecer las cantidades de combustible que logran extraer son exageradas y evidentemente la logran comercializar en la zona dejando las estaciones sin venta.” Menciono Mora.
El pasado viernes 13 de septiembre, RECOPE intervino una toma clandestina de combustible en Moín, Limón. De acuerdo con el director ejecutivo de la Cámara de Empresarios de Combustibles, José Miguel Masís, este tipo de operaciones ilegales son comunes en la región, debido a la alta demanda y el valor del combustible en el mercado negro.
“Lo cierto es que esto se ha convertido en una plaga, a cualquiera que se le ocurra se mete a romper tuberías, favorecidos por las grandes extensiones de terreno que no están bajo vigilancia, pues pasan por fincas, predios y orillas de calle.” Acotó Masís.
Por su parte el asociado, destacó que el impacto económico es invaluable, ya que venden más barato, por lo tanto, fácilmente lo posicionan en el mercado y se desconoce el volumen sustraído.
A nivel económico, el robo de combustible tiene un impacto directo en el precio de las gasolinas en el país, ya que los costos asociados a estas pérdidas son transferidos a los consumidores. Esta situación provoca que los costarricenses terminen pagando más, afectando su economía diaria y aumentando el costo de vida. Para Masís el robo de combustibles lo termina pagando el que no la debe ya que las personas que lo substraen reconocen que el negocio es redondo debido a su baja inversión
“Las ganancias son muchas, sobre todo cuando saben que la doble moral de mucha gente les permite negociar, no con personas comunes y corrientes, sino con transportistas y empresas, que ven una enorme posibilidad de abaratar costos, pero no así los precios, muchos se las agencian para buscar facturas que les respalden esas operaciones y como siempre lo digo, si no se vende en una estación de servicio, tarde o temprano encarecerá el servicio, en contra de los consumidores en general, esto dando por descontado los riegos físicos y ambientales que esta actividad ilegal representa para todos.” Añadió Masís.
Aparte del impacto económico, el robo de combustible está generando graves riesgos ambientales, ya que las tomas clandestinas suelen provocar derrames, contaminación del suelo y cuerpos de agua que representan un peligro considerable para la salud pública.
Además, el combustible robado no cumple con las garantías de calidad y cantidad, que exige la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), lo que puede ocasionar daños significativos en los vehículos que lo utilizan, debido a que los motores pueden sufrir fallos mecánicos, reduciendo su vida útil, aumentando los costos de mantenimiento y la reparación para los propietarios.
El robo de combustible en el país, especialmente en la zona de Limón, es un problema complejo que requiere una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Para la Cámara de Empresarios del Combustible es muy importante implementar medidas más estrictas tanto de vigilancia como de control, así como fortalecer el sistema judicial para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. Solo a través de un esfuerzo coordinado se podrá mitigar el impacto económico, ambiental y social de este delito, protegiendo así a los ciudadanos y al medio ambiente.
