La Cámara de Empresarios del Combustible argumentó su posición en relación con el Proyecto de Ley 24319, titulado “Ley para ordenar el Cierre de Recope y Prohibir la Exploración y Explotación del Petróleo en Costa Rica”, durante una mesa de trabajo en la Comisión de Plena II.

Se advierte que esta iniciativa podría tener repercusiones negativas para los consumidores, así como en la estabilidad del sector de distribución de combustibles del país y en el régimen de contribución solidaria mediante subsidios al gas y a otros productos que expende RECOPE.

El proyecto de ley busca una transformación significativa del sector de hidrocarburos en Costa Rica, promoviendo la apertura del mercado y la competencia. Se enfoca en la transición hacia un modelo abierto y desregulado. Sin embargo, el proceso de cierre de RECOPE y la transición hacia un mercado abierto requerirán una cuidadosa planificación y ejecución para garantizar el suministro continuo de combustibles y minimizar los impactos sociales y económicos similares a los que hoy operan, pero sin la intervención de RECOPE.

Si lo que busca el proyecto es bajar los precios, hay elementos que son determinantes en el precio de los combustibles en Costa Rica, tales como: la calidad, el impuesto único, los subsidios cruzados y el servicio completo, estas características del mercado que al compararlas con los países centroamericanos revelan información importante que revela la condición país, reconocida desde hace muchos años, de contar con un sistema de distribución eficiente y ordenado.

José Miguel Masis, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, destacó que Costa Rica ha logrado sobresalir en Centroamérica por ofrecer combustibles de alta calidad, un factor crucial que debe ser preservado y que una pírrica transformación, podría generar más perjuicio que beneficios al consumidor final. 

“Es importante recordar que en nuestro país brindamos combustibles de calidad, bajo estándares de servicio reconocidas muchas veces por los consumidores, ante los procesos evaluativos de la ARESEP, lo que nos ha permitido destacarnos a nivel regional. Aunque los precios en países vecinos pueden ser más bajos, más por las cargas tributarias, sistemas de subsidios y otros, que, por la gestión de los operadores desde la importación, hasta la disposición final del producto. aseguró Masis.

El caso del impuesto único a los combustibles en Costa Rica es una carga tributaria que se actualiza trimestralmente según la inflación y está muy por encima de los impuestos en los demás países centroamericanos, convirtiendo este valor en un costo cada vez más cercano al precio del producto 

Los otros elementos como los subsidios y el servicio completo deberán ser tomados en cuenta, pues forma parte del sistema solidario instaurado en el país. 

Asimismo, la Cámara de Empresarios del Combustible expresó su preocupación sobre la posibilidad de que, con la apertura del mercado de hidrocarburos, los precios del combustible puedan aumentar, como ocurrió en México con la apertura y la inmediata reacción de los operadores denominada como el “gasolinazo”, lo que afectó considerablemente a los consumidores.

Por otro lado, si se considera la apertura del monopolio, se debe recordar que Recope no fija ni manipula el precio. El precio es regulado por la Autoridad Reguladora (ARESEP), con base en el principio de servicio al costo, que significa que no pueden ir gastos excesivos, innecesarios ni ajenos a la actividad que se realiza.

A continuación, se muestra detalles sobre las fijaciones de los precios en Costa Rica en comparación con otros países centroamericanos:

En la comisión se hicieron presentes Karina Rodríguez, abogada de la Asociación de Transportistas del Sector Energético (ATRANSE); Cinthya Guevara Rodríguez, gerente de la Asociación de Distribuidores Peddler de Costa Rica; y José Miguel Masis, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, quienes presentaron sus opiniones sobre la ley propuesta.