La operación de una estación de servicio en Costa Rica implica mucho más que la comercialización de combustibles. Detrás de cada dispensador y cada tanque de almacenamiento existe una estructura normativa robusta, orientada a garantizar la seguridad de las personas y la protección del ambiente.
En este sentido, dos permisos son indispensables para el funcionamiento legal de estos establecimientos: el permiso sanitario de funcionamiento, emitido por el Ministerio de Salud, y la concesión de operación, otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
“Estos trámites no deben ser percibidos como una simple formalidad burocrática. Más bien, representan garantías técnicas y legales que respaldan una operación segura, responsable y sostenible”, agregó Pablo Guzmán, director del departamento de Ingeniería de la Cámara de Empresarios del Combustible.
El permiso sanitario de funcionamiento permite la operación legal, el manejo de hidrocarburos y la gestión de residuos de una estación de servicio conforme a condiciones de funcionamiento en beneficio a la salud humana y ambiental. Según el Ing. Pablo Guzmán, también protege la salud de trabajadores, clientes y comunidades cercanas.
Para los consumidores, esto significa una experiencia más segura y confiable. Cuando una estación de servicio cuenta con sus permisos al día, garantiza un seguimiento constante del funcionamiento de diversos equipos y sistemas, donde se minimiza el riesgo de fugas, contaminación o incidentes relacionados con el manejo de combustibles.
Además, asegura que el entorno está siendo protegido y que el negocio cumple con altos estándares sanitarios, lo que se traduce en tranquilidad y confianza para cada cliente que acude a llenar su tanque.
Asimismo, Guzmán recordó que la concesión del servicio público del MINAE está enfocada en el cumplimiento de diversos temas técnicos para el funcionamiento del local, donde se pretende la protección integral del inmueble y sus alrededores, así como la protección a los usuarios del servicio público.
Por otro lado, es importante conocer los plazos de vigencia de cada permiso. Cada normativa posee una vida útil distinta: por ejemplo, el permiso sanitario de funcionamiento debe renovarse cada cinco años, mientras que la concesión del servicio público del MINAE pasó de un periodo de cinco años cuando aplicaba el decreto 30131-MINAE-S, a un plazo de vigencia de diez añoscon el nuevo decreto 43449-MINAE. Este último es requisito indispensable para firmar el contrato de compra de combustibles con RECOPE.
Ambos permisos deben estar vigentes y actualizados. Su omisión puede derivar en la suspensión de operaciones e incluso el cierre definitivo del establecimiento. Además, la falta de cumplimiento impacta negativamente en la reputación del empresario y del sector.
Desde la Cámara de Empresarios del Combustible, se reitera el llamado a todos los operadores del país para que den la importancia debida a estos requisitos. El cumplimiento riguroso de las normas no solo fortalece la imagen del sector, sino que también aporta a una operación más segura, transparente y sostenible.
