Bajo el expediente 21447, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), presentó el proyecto denominado “Ley para sancionar el apoderamiento y la importación ilegal de los combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos”, con el que se pretende imponer penas a quienes cometan este delito.

Este texto fue dictaminado, afirmativamente por los diputados que integran la Comisión de Ambiente.

La iniciativa propone elevar sustancialmente la pena de cárcel por daños y robos al poliducto del Estado, así como a la comercialización de combustibles sustraídos.

Para ello, el Proyecto incluye una prohibición general al señalar que la importación de hidrocarburos es competencia exclusiva de Recope como empresa pública que administra el monopolio del Estado en la importación, refinación y distribución del petróleo crudo y sus derivados, por lo tanto, toda importación realizada por un tercero no autorizado por esa institución, es ilegal.

Principales sanciones:

Causar daño al Sistema Nacional de Combustibles será penado con cárcel de 6 meses a 4 años, y si el acto ocasiona un derrame la pena irá de 4 a 6 años.

El robo de hidrocarburos y sus derivados será castigado con cárcel de 5 a 15 años, mientras que el transporte y la distribución ilegal de hidrocarburos será castigado con cárcel de 1 a 4 años.

La importación ilegal de combustibles sin autorización de Recope acarreará una sanción de 3 a 5 años de prisión, mientras que el apoderamiento, alteración o manipulación ilegítima de marcadores de hidrocarburos se castigará con cárcel de 1 a 3 años.

Quien se apodere, altere o manipule ilegítimamente los sistemas o instrumentos de control de los combustibles será penado con cárcel de 3 a 8 años.

Quien conociendo el origen y sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles sancionadas en la ley, reciba, almacene, oculte o de cualquier otra forma tenga en su poder combustibles que provengan de la ejecución de alguno de esos delitos será penado con cárcel de 1 a 5 años.

Por otro lado, quien, conociendo el origen ilícito de procedencia, destine, autorice, tolere, facilite, bienes muebles o inmuebles para la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización a cualquier título, de combustibles será penado con cárcel de 2 a 5 años.

“Recope reporta pérdidas millonarias por sustracción de combustible, estos problemas ponen en riesgo la vida y la salud de las personas, daños ambientales, así como disminución de los recursos fiscales para el Estado”, expresó Paola Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente.

Sobre este tema, la Junta Directiva de la Cámara de Empresarios del Combustible considera que deben aplicarse las normativas y reglamentos para controlar este ilícito.