Recientemente, las autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y de Gobierno anunciaron el decomiso de 34 mil litros de combustible robado dentro de las instalaciones de la terminal de Moín en Limón, que tuvo como resultado la detención de dos personas al momento que estaban aparentemente cometiendo este delito, más el decomiso de una cisterna.

Esta operación representa un golpe al crimen organizado que ha venido afectando seriamente a los costarricenses desde hace muchos años atrás, y que constantemente se ha convertido en una práctica común entre los delincuentes que cada vez encuentran más aliados para cumplir con su objetivo.

Es por eso que desde la Cámara de Empresarios del Combustible celebramos el trabajo realizado por las autoridades correspondientes, pero a la vez, hacemos el llamado a las costarricenses para ser parte de la lucha contra el robo de un bien del estado, el cual es vital para la movilidad de los sectores económicos y sociales del país. Aunado a la afectación ambiental que esto provoca.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de Recope, Juan Manuel Quesada, el caso más reciente mencionado, representa un robo de ocho cisternas al mes, lo que equivale a 130 millones de colones, es decir, más de 1.500 millones de colones robados al año aproximadamente.

No obstante, para mitigar este importante problema que atraviesa el país, no solo las instituciones encargadas de velar por el asunto deben actuar como se debe, sino también, como consumidores debemos ser parte de la solución y del trabajo constante que permita combatir el delito, el cual se sanciona con hasta 15 años de cárcel, según está tipificado en la ley 9852, establecida en el país recientemente.

Desde el 2022, la refinadora lazó una campaña para que los ciudadanos puedan denunciar el robo de combustible mediante la línea 1002, como una herramienta que ayudaría al combate contra la sustracción y distribución ilegal del mismo. Sin embargo, el país debe ir más allá.

El presidente de la Cámara, Alberto Mesén Madrigal recordó la necesidad de tomar conciencia de la irresponsabilidad que representa ser parte de esta cadena que constituye la toma de combustible ilegal. El representante del gremio resaltó la obligación de contribuir a la lucha mediante la denuncia, pero más allá de eso, verdaderamente no ser parte de lo que conlleva todo el trasiego de combustible hasta su consumo.

“Tan criminal, tan sinvergüenza es quien está sustrayendo el combustible de las tuberías de RECOPE o de cualquier otra fuente como quien los está receptando, y quien además los está consumiendo”, comentó Mesén.

Y es que los recientes acontecimientos ocurridos en el país, como fue el caso de un incendio en un predio en Limón que dejó como resultado una cantidad de importante de bienes calcinados el pasado 13 de setiembre, por una aparente falla de un camión cisterna cargado con diésel, son parte de las sospechas que manejan las autoridades con relación al almacenamiento y distribución ilegal de combustible que existe en el país.

A esto se suman otras acciones policiales como allanamientos y detección de tomas ilegales a inmuebles que se utilizan para este tipo de crimen. Todos con una participación importante de personas que conocen técnicamente del tema, más aquellos que terminan aceptando la ilegalidad para consumir el líquido y querer ahorrarse unos colones, porque probablemente el negocio se torne atractivo, pero altamente riesgoso e irregular.

De tal manera que, el robo de combustible solo se trata de una afectación a Recope, sino al Estado, a los consumidores costarricenses que día a día trabajan para poder comprar la gasolina o diésel de su vehículo en la estación de servicio de su preferencia, sin dejar de lado a los usuarios de otros servicios públicos.

“Es que cualquiera puede decir: ¡ah! es que le están robando a Recope o a una institución. ¡No! Lo cierto es que nos estamos robando a nosotros mismos”, expresó Mesén quien a su vez hizo un llamado vehemente a las personas para estar aletas de eventuales irregularidades que existe en el país.

“Dejemos esa doble moralidad. Dejemos de decir: qué barbaridad hay tanto robo; pero es que, si nosotros estamos consumiendo combustible robado o de dudosa procedencia también somos parte de esa red criminal”, acotó el vocero de la Cámara.

Según las estimaciones de Recope, el 2018 fue el año que más se ha registrado robo de combustible. De acuerdo con los datos, el saqueo del líquido ascendió a casi 8.000 mil metros cúbicos. Acontecimientos que traen consigo una serie de implicaciones a la salud y a la economía del país.

La institución en cargada de la distribución de los hidrocarburos, señala que dentro de las implicaciones del robo de combustible es el desabastecimiento, lo que implicaría que las personas no tengan como movilizarse en sus vehículos, o bien, que no se pueda ofrecer el servicio de transporte por autobús, que no exista combustible para que las más de 500 industrias y más de 5 mil comercios no puedan operar, que en su mayoría de casos implicaría el cierre del negocio.

El señor José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, explicó que toda esta afectación a la cadena de distribución se ve afectada severamente ante los actos delictivos que constantemente las autoridades atienden en diferentes sectores del país, siendo la provincia de Limón la más perjudicada.

“Hemos sido testigos, del deterioro de valores, de la falta de orientación de nuestros hijos, y muchas veces hemos preferido ignorar las conductas delictivas una y otra vez, creyendo que, fue un error, que no se volverá a cometer y no corregimos desde pequeños esas tendencias, se ha hablado mucho de las generaciones perdidas y de los vacíos educacionales.  hoy, mucha gente ve como una oportunidad, el comprar algo barato, sin que importe de donde venga, pues sepámoslo, si no está en la formalidad, eso que adquiramos, es ilegal y estamos cometiendo un delito, empecemos por corregir nuestra conducta, si es que no podemos o no queremos corregir la de los demás”, comentó Masís.

Aunado a esto, la contaminación al medio ambiente, daños a la biodiversidad y afectación a la salud de las personas por la contaminación de mantos acuíferos también son parte de las implicaciones que ha dejado esta terrible práctica delictiva en el país.

Por tal razón, conscientes de que el robo de combustible es un problema que nos afecta a todos, desde la Cámara de Empresarios del Combustible, hacemos un llamado a todos los ciudadanos, medios de comunicación, empresas privadas, entre otros, a combatir el flagelo que vive el país desde hace décadas.