En el marco del VIII Congreso Regulatorio, organizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), sobra recordar que las estaciones de servicio son un servicio público regulado, cada vez un consumidor llena el tanque de su vehículo, pocas veces se piensa en todo lo que hay detrás de ese acto tan cotidiano. Sin embargo, el combustible que mueve a Costa Rica no llega por casualidad.
Detrás de cada litro despachado existe una estructura en la que operan las estaciones, compras, almacenamiento, seguridad, control de calidad y distribución, y en todas las etapas entendemos que regulación busca un equilibrio fundamental: garantizar el acceso a un servicio esencial, proteger al consumidor y mantener un mercado ordenado y sostenible..
Un modelo que prioriza a las personas
En Costa Rica, el sistema de combustibles tiene una particularidad: el Estado regula, pero no opera. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) define márgenes, controla la calidad y vela por la seguridad ambiental. Detrás de esa regulación hay una filosofía clara: proteger el interés público sin excluir la participación privada.
Así lo explica Mario Mora, Intendente de Energía de ARESEP, quien recuerda que “el suministro de combustibles es un servicio público regulado y las estaciones de servicio son un eslabón importantísimo de esa cadena, porque son la cara ante los usuarios finales. Hoy contamos con más de 420 estaciones en todo el país que brindan un servicio de calidad, apegado a la normativa técnica, para garantizar a los usuarios un combustible de calidad al precio adecuado”.
Gracias a esta estructura, los consumidores tienen la certeza de pagar un precio justo y uniforme en todo el país, mientras los empresarios operan en un marco estable y predecible que da confianza para invertir.
Transparencia y estabilidad para el consumidor
Mientras en otros países de la región la liberalización del mercado ha generado disparidades, aumentos y cierres, el modelo costarricense ha demostrado que la regulación puede ser sinónimo de estabilidad.
A modo de ejemplo, México, Perú o Chile, los precios pueden variar entre regiones o incluso cambiar semana a semana, afectando el bolsillo del consumidor. En contraste, en Costa Rica, las variaciones obedecen a criterios técnicos como los precios internacionales del petróleo y no a decisiones comerciales particulares.
Esa previsibilidad, a menudo poco valorada, garantiza que un conductor en una zona rural pague lo mismo que uno en San José. Es una manera concreta de asegurar equidad territorial y acceso universal.
Competencia sana y servicio con rostro humano
Ser un servicio público regulado no significa eliminar la competencia, sino asegurar que esta sea justa y ordenada. José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, lo explica así: “La regulación es fundamental para que actividades como esta se desarrollen dentro de los principios de continuidad, seguridad y competencia efectiva. Debe existir una cancha pareja que permita la satisfacción económica que todo operador requiere, pero también un mercado bien ordenado”.
Esa regulación técnica no solo garantiza la calidad del combustible, sino que también protege a quienes hacen posible su distribución: Recope, transportistas y los empresarios que forman parte del sistema energético nacional.
Regulación con propósito
El modelo costarricense de combustibles es, ante todo, un compromiso con las personas. Combina inversión privada, supervisión técnica y responsabilidad ambiental. Y aunque muchos no lo vean, la regulación es el hilo invisible que mantiene unido al sistema: evita abusos, fomenta la equidad y garantiza que el servicio llegue, con calidad y seguridad, a cada rincón del país.
Existen eso si, vacíos de regulación de la que se aprovechan proveedores de combustibles, donde la supervisión es casi inexistente, gente que, bajo figuras autorizadas, almacenan supuestamente para su consumo, pero todos sabemos que muchas veces se convierten en competencia desleal, ahí hay una enorme oportunidad de incidir y regularizar esas prácticas.
No vemos la regulación como una barrera, sino como una garantía de confianza, estabilidad y futuro, y está en todos nosotros colaborar en el orden del mercado para bien de todos.
