A finales del año pasado, José Joaquín Fernandez, CEO del Instituto Libertad y asesor del Exdiputado Otto Guevara en conjunto con Asociación de Consumidores de Costa Rica, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7356, del 24 de agosto de 1993. Actualmente la legislatura establece, el Monopolio a favor de estado para la Importación, Refinación y la Distribución al Mayoreo de Petróleo Crudo, sus Combustibles Derivados y Naftas.

Ante este panorama es importante entender que una estructura de monopolio por su naturaleza, el operador domina totalmente las condiciones del mercado, y al final es quien dispone todos los elementos del producto ofrecido, dígase precio, calidad, plaza, periodicidad, cantidad y otros factores.

Según esa organización, Recope es un monopolio a favor del Estado, cuyo manejo estratégico bloquea la libertad de comercio, restringe la oferta y mantiene alto los precios al consumidor final. Por esta razón, promueven la apertura para que más empresas puedan distribuir combustibles en nuestro país.

De acuerdo con el director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, José Miguel Masís, la Refinadora, no opera como un Monopolio, tal y como lo menciona el señor Fernández y Consumidores de Costa Rica, pues los precios, los fija ARESEP y las normas de calidad las establece MINAE.

“El mercado de combustibles, por su naturaleza, tiende a concentrar en pocas manos su distribución y control,  esta no sería la primera vez que Costa Rica,  si así se diera, que entregue o ceda,  a intereses particulares,  una actividad tan estratégica para nuestro país,  por algo  los ticos tomamos la decisión hace varias décadas atrás, de rescatar la distribución de combustibles y arrancar de las garras oligopolistas de transnacionales los altos beneficios que disfrutaban y mediante una estrategia escudo,  dárselos a los costarricenses.  RECOPE NO ES UN MONOPOLIO, es una estrategia de protección contra los abusos sufrían los consumidores”. Mencionó Masís.

En el recurso de inconstitucionalidad, se señala como argumento que el mercado de libre competencia sería mejor ante una crisis internacional, ya que entre más empresas distribuyan, mayor la probabilidad de garantizar la disponibilidad del recurso energético.  Para Masís, esa aseveración está muy alejada a la realidad “naciones latinoamericanas, con esta estructura, han sufrido y sufren escasez de productos, mientras que, en Costa Rica, nunca ha faltado una gota de combustible.  Solo hay que mencionar lo que pasa en Argentina, lo que ha sucedido en Centroamérica, lo que pasó y ocurre aún en México.” señaló.

A nivel internacional, los mercados abiertos, lo lideran empresas multinacionales donde las mismas concentran sus intereses con el único objetivo de obtener, mayores ganancias.  La OPEP+, por ejemplo, maneja a su criterio los precios de distribución, esto provoca que ante acciones de orden geopolítico los países tengan que compensar los elevados costos de los combustibles. 

La Cámara de Empresarios del Combustible, considera que ninguno de los preceptos establecidos en el susodicho Recurso de Inconstitucionalidad tiene asidero legal, mucho menos técnico o fáctico.  Esto porque es producto del delirio libertario y de intereses particulares, además, demuestra un alto grado de desconocimiento de cómo funciona nuestro mercado y como lo hacen en otros países. 

En años anteriores hubo una discusión donde se cuestionaba la apertura del mercado en nuestro país, sin embargo, la iniciativa no tuvo apoyo popular, debido a la falta de sustento conceptual y económico.  “Difícilmente, los importadores podrán lograr la fuerza que genera, que un país, realice una sola compra para todo su territorio, pero si, además, nos damos cuenta de que a las grandes transnacionales ya no les interesa la distribución en estos países y que salieron, para darle cabida a grupos económicos regionales, como los administrados por el Banco General de Panamá, por medio de Delta, o Banco Cuscatlán con el grupo Terra dueña de estaciones uno y así otros actores de este orden.” Mencionó José Miguel Masís.

El sistema de distribución en Costa Rica no es perfecto, pero garantiza combustibles de buena calidad, precios regulados con reconocimiento internacional y abastecimiento a los consumidores con la virtud de un precio único a nivel nacional.