Con motivo de la discusión sobre la exploración y explotación petrolera, alentada por el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, expediente 20.641, que procura la reducción del uso de combustibles fósiles en nuestro país, la Cámara de Empresarios del Combustible desea exponer, con el mayor respeto por las políticas de protección ambiental que han caracterizado a Costa Rica y lo han distinguido como ejemplo en el mundo, su posición sobre tan importante tema.
La exploración y explotación de petróleo y gas natural puede proporcionarle a nuestro país una llave de salida de la aguda crisis económica que atraviesa, agravada por los efectos de la pandemia, lo cual se refleja en las altas tasas de desempleo y los índices de pobreza.
Ante este panorama, vale la pena traer a colación la iniciativa presentada por el ingeniero químico, académico y especialista en fuentes tradicionales y no convencionales de energía, Carlos Roldán Villalobos, quien, en 2016, presentó un proyecto denominado «Ley de Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales», bajo el expediente electoral N.º 238-Z-2016 (folios 679 a 686), el cual adjudicaría a Recope las actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural y cualquier otro tipo de hidrocarburos en territorio nacional.
El plan prioriza la explotación de petróleo para consumo nacional, limitando su exportación si las reservas no garantizan el suministro requerido por Costa Rica para los próximos 50 años.
De acuerdo con Roldán, el proyecto podría significarle al país más de $2.000 millones por año y generar más de 75.000 empleos directos. Esto supondría para el país un ahorro de entre $1.000 millones y $2.000 millones al año en compras de hidrocarburos; además, el costo de los combustibles nacionales no dependería de los precios internacionales.
Por ejemplo, según el estudio Exploration Strategies for Recope, by Western Atlas International Inc, el potencial petrolero de nuestro país proyectaba unos 4.194 millones de barriles para una ganancia de $272.610.000 por año.
Hay que considerar que la explotación de petróleo y gas natural que se podría producir en Nicaragua, República Dominicana y Panamá, afectaría aún más la competitividad del sector productivo nacional y generaría mayor desempleo. En cambio, en Costa Rica se reducirían los riesgos de derrames, así como una eventual afectación de ecosistemas. Asimismo, el precio de la gasolina podría bajar hasta en ₡300 si Costa Rica produce su propio petróleo
Similar criterio sostiene Mihaela Dobrinescu, ingeniera geóloga y geofísica especializada en geofísica petrolera – gas natural, y coordinadora de la Comisión de Hidrocarburos del Colegio de Geólogos de Costa Rica.
Según la experta, el negocio del petróleo “generaría una cantidad significativa de empleos, ya que la industria incluye producción, procesado, comercialización y transporte, que requieren una amplia gama de especialidades y técnicos.
“El rápido y continuo desarrollo y avance de la tecnología requiere un contacto permanente con especialistas del exterior, aporte que sería de gran ayuda y beneficio para el país”, explicó la experta en el medio electrónico DelfinoCr. “La actividad contribuiría en gran medida al desarrollo socioeconómico del país y a la superación de la crisis que se agravó con la pandemia”.
La especialista también señala que el cambio a los recursos energéticos renovables es lento y tomaría mucho más tiempo de lo proyectado antes del coronavirus, por lo que el petróleo y el gas natural seguirán siendo indispensables.
“Una exploración responsable representa un sinnúmero de beneficios para el fisco, la sociedad y el país en general”, argumenta Dobrinescu. “La derogación de la ley de hidrocarburos expone al país a un vacío legal que lo dejaría indefenso en esta materia, tomando en cuenta, entre otros aspectos, que hay fuertes posibilidades de contar con yacimientos trasfronterizos”.
Para la especialista, el caso Crucitas, debido a la prohibición de la explotación de oro a cielo abierto, debería ser una lección aprendida que no debe repetirse en la exploración de petróleo y gas natural. “Es imprescindible diversificarnos”, sentencia Dobrinescu.
Impacto ambiental
Además, la actividad petrolera en Costa Rica resultaría más beneficiosa para el ambiente si se toma en cuenta que el transporte por barco es mil veces más contaminante que el vehicular, por lo que al realizar la extracción, refinación y distribución se evitaría el ingreso innecesario de barcos petroleros al país.
Asimismo, tal como lo plantea el Ing. Roldán Villalobos, resulta curioso la posición del presidente Alvarado de insistir en la prohibición cuando esto provocará, -según el experto-, que en los próximos 30 años se emitan alrededor de 20 millones de toneladas de CO2, que podrían evitarse si aprovechamos el petróleo que existe en el territorio nacional.
“Desde el 29 de noviembre del 2019 se le demostró al señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que la extracción y refinación de petróleo costarricense reduciría las emisiones globales de CO2 en más de 500 mil toneladas métricas al año ya que Costa Rica está en capacidad de extraerlo, transportarlo y refinarlo utilizando electricidad 100% renovable y evitar de esta forma, las miles de toneladas de CO2 que emiten los barcos que nos traen los combustibles que necesitamos cada día, y las toneladas que se emiten en la extracción y refinación de petróleo en Estados Unidos en donde se genera electricidad quemando combustibles fósiles”, según indica Roldán.
Por otra parte, los amantes de los vehículos eléctricos proyectan, de forma ilusa, que el mundo entero habrá erradicado el uso de los combustibles de origen fósil para el 2050. Sin embargo, en el mejor de los escenarios, los autos de combustión mantendrán la hegemonía, y aunque algunas personas dicen que es irracional invertir en una actividad que va de salida, lo cierto es que los expertos no han logrado ponerse de acuerdo y algunos todavía visualizan una fuerte dependencia del petróleo, incluso para el año 2050, no solo en la movilidad sino en los sectores productivos y agrícolas.
Del veto a la prohibición
En febrero del 2019, el presidente Carlos Alvarado, extendió hasta el año 2050 la moratoria a la exploración petrolera por medio del Decreto Ejecutivo 41.578. Esta es una nueva prórroga cuyo origen se halla en la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006). Laura Chinchilla, renovó la prohibición hasta 2014. Posteriormente, la administración Solís Rivera (2014-2018) extendió la moratoria hasta el 15 de setiembre de 2021, lo cual se trajo abajo la iniciativa de Carlos Roldán Villalobos, que ya contaba con el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones para convocar a un referéndum para que fueran los ciudadanos quienes decidieran el futuro del proyecto.
Hoy, es oportuno cuestionarse hasta qué punto puede considerarse como inconstitucional la oportunidad de explotar nuestros recursos naturales; especialmente, los energéticos.
El artículo 6 de la Constitución Política establece lo siguiente: “El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional. Ejerce, además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios».
Es decir, y aquí el artículo es bien claro, habla de proteger conservar y explotar los recursos.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en su artículo 1, indica lo siguiente, en sus dos primeros apartados:
“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
“Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de obligaciones que derivan de la competencia económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como el derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
Es por todo lo anterior que la Cámara de Empresarios del Combustible invita a los costarricenses a realizar un ejercicio de reflexión y análisis, con todas las aristas y posiciones, con hechos y cifras sobre el tema de la exploración y explotación de petróleo en el país.
Si tenemos recursos este es el momento de explotarlos, luego puede ser demasiado tarde pues aquello que yace en el subsuelo, como en la parábola de los talentos, si lo dejamos enterrado por miedo habremos perdido la oportunidad dorada de invertirlos y duplicar nuestra riqueza. Costa Rica debe tomar una decisión como nación, la cual debe ir más allá del ámbito político, porque aquí está en juego el futuro de las actuales y siguientes generaciones de costarricenses.